Pueblo shawi teme perder territorios ancestrales por litigio entre terceros
Servindi, 5 de mayo, 2011.- El pueblo indígena shawi de la región San Martín se pronunció el pasado 27 de abril ante la presunta violación del derecho al territorio ancestral y al derecho de consulta.
La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), todas sus federaciones, entre ellas la Federación Regional Indígena Shawi – San Martín, FERISHAM, enviaron sendas cartas a la opinión pública expresando el temor de perder sus tierras ancestrales.
Los pronunciamientos se refieren a que sin su consentimiento ni consulta se pretendería vender más de 72,000 hectáreas de su territorio -a 0.80 céntimos cada hectárea- a la empresa coreana Ecoamérica S.A.C.
Los hechos se remontan al 2006, cuando Ecoamerica solicitó la titulación de 72,654 hectáreas al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), sin el conocimiento –ni consentimiento- de los pueblos shawis que viven en la zona.
Ante la falta de respuesta de Cofopri, en el 2010 la empresa coreana demandó al organismo y a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) de Loreto, apelando al silencio administrativo.
La petición tuvo el fallo favorable de un juez de Yurimaguas. Esta decisión fue apelada por el Procurador Público del Ministerio de Vivienda y Construcción, en representación de la SUNARP.
La Sala Mixta de Tarapoto emitió un fallo contra Ecoamerica. En tanto, Ecoamerica decidió apelar al Tribunal Constitucional, y el caso se encuentra pendiente ahora pendiente de una resolución final.
Por ello, las comunidades shawis ubicadas en el distrito de Pongo de Caynarachi, provincia de Lamas y en el distrito de Papaplaya, provincia y región San Martín, quienes conforman la FERISHAM, temen que las tierras les sean usurpadas.
En su carta mencionan que sus comunidades no tienen títulos de propiedad, sólo tienen un reconocimiento legal, a pesar que se encuentran en posesión de sus tierras desde tiempos ancestrales.
Denuncian que ninguna autoridad cumple con lo establecido por el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se menciona que los territorios indígenas deben ser respetados.
Por ello pidieron “una investigación por parte de los congresistas, los consejeros regionales, sobre esta situación que genera una afectación a nuestros derechos, se investigue la actuación de COFOPRI y del Juez de Yurimaguas”.
Asimismo solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, “para establecer una reunión de diálogo entre las autoridades y los pueblos afectados”.
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