lunes, 22 de octubre de 2012

La gobernanza territorial indígena en San Martín


En los últimos años estamos pasando a nivel internacional de una visión dominante de gobierno basado en una práctica vertical y estatutaria a una visión participativa, donde el equilibro en el manejo del poder es decisiva para mantener la gobernabilidad desde el ámbito local, nacional y supranacional.
De éste modo, estamos llegando una visión de Gobernanza basada en Derechos, centrado no en el poder mismo y la imposición de éste para mantener la “estabilidad” de una nación, sino, como medio para la inclusión social y la sostenibilidad social y ambiental del planeta.

A nivel local, esta visión de Gobernanza motiva el desarrollo de mecanismos de control comunitario del territorio que favorezcan que los individuos y colectivos, asuman mayor responsabilidad en los procesos de cambio social.
Hasta la fecha podemos resaltar parte del concepto de Gobernabilidad de la Tierra difundido por la FAO, que indica éste como: “las normas, procesos y organizaciones mediante las cuales se adoptan las decisiones relativas al uso y el control de la tierra, la forma en que se ejecutan e imponen las decisiones, y la manera en que se gestionan intereses contrapuestos relativos a la tierra. El concepto abarca instituciones estatutarias, consuetudinarias y religiosas.” En esta perspectiva: “una gobernanza débil provoca la degradación del medio ambiente, ya que funcionarios públicos corruptos e intereses privados actúan en connivencia para ignorar los controles sobre el uso de la tierra, la extracción de agua y minerales y el desbroce de bosques[1]

El Ministerio del Ambiente a través del Decreto Supremo No.012-2009 que  aprueba la Política Nacional del Ambiente, estableció en su numeral 5: Ejes de la Política - Gobernanza Ambiental - Lineamientos de política, literal g): "el Estado debe implementar mecanismos adecuados para la gestión de conflictos socio ambientales, promoviendo el diálogo y lo concertación del mismo modo debe fomentar lo participación activa y plurícultural de Ia población en la gestión ambiental, y en particular, la intervención directa de grupos minoritarios vulnerables, sin discriminación alguna con la finalidad de dar cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Perú, contribuyan eficientemente al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, y el uso racional y responsable de los no renovables”

En el marco de esta norma y otras del sistema internacional de justicia, encontramos que una gobernanza ambiental responsable está directamente ligada a una buena práctica de Gobernanza territorial y de la tierra desde la visión de los pueblos indígenas u originarios. Este se debe en principio a un marco internacional de convivencia y resalta la importancia del reconocimiento de la autonomía indígena y finalmente, el potencial de estos pueblos para favorecer la Conservación de nuestro planeta.

En San Martín como en el conjunto de la Amazonía Peruana, se necesita abordar con mayor interés la visión de Gobernanza Territorial de nuestros Pueblos Indígenas, más aún frente a un creciente mercado de la tierra dado por el incremento de la participación de las industrias extractivas sobre éste.

Para aportar a ésta discusión en nuestra región y el país, Paz y Esperanza está organizando el: Foro Público: Gobernanza Territorial Indígena e Industrias Extractivas, el mismo que tendrá lugar éste jueves 15 de noviembre desde las 8.30 a.m. en el auditorio de Paz y Esperanza (Jr. Benavides 317, Moyobamba)




Paz y Esperanza
Oficina Regional San Martín

miércoles, 1 de febrero de 2012

Nota de Prensa
Denuncian la exclusión de las Rondas Campesinas en el Proceso de  Consulta Regional y Nacional

Durante el año pasado, las Rondas Campesina ha venido trabajando junto con las organizaciones una propuesta de norma regional que reglamenta el derecho a la consulta previa, libre e informada; que fue aprobada en consenso de todas las organizaciones indígenas, sociedad civil y funcionarios estatales, y presentada en acto público en la ciudad de Saposoa al Vicepresidente Regional el Sr. Javier Ocampo Ruiz, y a la Presidenta del Consejo Regional la Sra. Flor de Belén Angulo. Posteriormente el Presidente Regional Cesar Villanueva Arévalo, realizó el lanzamiento del proceso de consulta.
Ahora con sorpresa e indignación de las rondas campesinas hemos tomado conocimiento  que se conformo una comisión multisectorial representada por funcionarios del Gobierno Regional, asesores legales del ARA, Gerencia de Desarrollo Social, Energía y Minas, ORDEPISAM y con algunas ONGS como ITDG, AMPA y CAAAP, acordándose mediante acta de fecha 27 de octubre del 2011, que se elimine del articulo 6.3 que considera a las rondas campesinas como sujetos de consulta. ¿Quienes son para discriminarnos en nuestros derechos constitucionales?, ¿Cuáles son sus fundamentos?
Las rondas campesinas somos pueblos originarios, herederos del Ayllu;  tenemos procedencia ancestral, somos pueblos indígenas con valores de justicia: “Ama Sua, Ama Lulla, Ama Quella”, que rigen nuestro derecho consuetudinario; nuestras mujeres practican el parto vertical, el chacchar, la medicina tradicional, nuestra comida tradicional, el chacchar, la solidaridad entre nuestros hermanos; la bayeta de la mujer rondera donde va en nuestra espalda el llullo (bebe), etc. Estas costumbres proceden de la sabiduría histórica de nuestros pueblos; somos herederos de los pueblos históricos antes de la conquista española en sus prácticas de trabajo comunal; es cierto que somos migrantes en San Martín pero tenemos innumerables prácticas ancestrales que viven en nosotros; un territorio propio en donde practicamos nuestros usos y costumbres que hacen referencia a nuestra procedencia indígena.
Esto tiene sustento legal en nuestra ley de rondas campesinas, reglamento de rondas campesinas establecidos en los artículos 2 y 4 respectivamente; así como reunimos los criterios, objetivos y subjetivos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, para identificar los pueblos indígenas independientemente de la denominación o nombre que se use.
Además, nuestra Constitución reconoce el derecho a la identidad cultural y somos un país pluriétnico y pluricultural; no entendemos el comportamiento de estos malos funcionarios que no hemos elegido; creemos que el Presidente Regional y Consejeros Regionales tomarán las medidas correctivas. Las Rondas Campesinas tenemos el derecho a la consulta, derecho al territorio y recursos naturales, y derecho a un  ambiente sano y  equilibrado.
SOMOS protectores, aliados del pueblo y del Estado para la protección de nuestros recursos naturales, nuestros  bosques, la  biodiversidad y  derecho al agua.
Por tal motivo reiteramos por segunda vez nuestros pedidos al GORESAM.
·       INCLUSIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN LA PROPUESTA DE ORDENANZA Y PROCESO DE CONSULTA EN MARCHA de la ordenanza regional de consulta previa, libre e informada, como se comprometió el presidente regional en nuestro congreso regional  realizado en la ciudad de Saposoa.
·       INCORPORACIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS OFICIALMENTE EN LA MESA DE DIÁLOGO modificándose la ordenanza regional que institucionaliza esta instancia, con la finalidad de desarrollar políticas en favor del pueblo rondero.
·       INCORPORACIÓN DE UN TÉCNICO RONDERO EN LA OFICINA DE ORDEPISAM.
·         AUDIENCIA con las autoridades elegidas, Presidente Regional y Consejeros Regionales.
RECORDAMOS AL GORESAM que otros gobiernos han creado una institucionalidad regional con gerencias, subgerencias y oficinas para rondas campesinas.
ADVERTIMOS que caso contrario de no ser escuchados  y llamados  e incorporados al proceso de consulta en marcha en los llamados talleres descentralizados; REALIZAREMOS UN PARO Y MOVILIZACIÓN REGIONAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS EXIGIENDO EL RESPETO DEL DERECHO A LA CONSULTA por las concesiones mineras, petroleras y forestales que afectan a nuestro pueblo.

Moyobamba, 31  de enero del 2012

martes, 24 de enero de 2012

Aimaras se retirarían de encuentro macroregional sobre consulta previa

Dirigentes aimaras de la región Puno amenazan con retirarse del “Encuentro Macro regional sobre la Ley de Consulta Previa” que se desarrolla en la ciudad del Cusco, si no aceptan la propuesta de rechazar dicha ley, señaló el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, Hermes Cauna.
“Nosotros tenemos una posición clara” refirió el dirigente aimara, al señalar su rechazo a la ley de la consulta previa, al mismo tiempo criticó a los cinco miembros que conforman la comisión encargada de elaborar el reglamento, como AIDESEP, CCP, CNA, CONACAMI y CONAP por no defender los intereses de las poblaciones originarias.
Expresó que los dirigentes de los demás departamentos del sur del país también están disconformes con la propuesta del reglamento de la consulta previa, dijo Cauna Morales, al agregar que piden una nueva Constitución Política para el Perú.
Dicho evento culminará hoy martes 24 de enero en el que vienen participando representantes de las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac, Puno, Madre de Dios y de la misma región Cusco.

lunes, 2 de enero de 2012

FIJAN FECHA DE ENCUENTROS MACROREGIONALES PARA RECOGER PROPUESTAS PARA REGLAMETO DE CONSULTA PREVIA


Seis encuentros macrorregionales y uno nacional se realizarán a partir del 7 de enero hasta el 10 de febrero del año entrante con las bases y federaciones de los pueblos indígenas para la elaboración del reglamento de la Ley de Consulta Previa.
 
Las actividades buscarán recoger aportes de las bases para mejorar el borrador de reglamento presentado por el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe, el pasado 22 de noviembre, que ha recibido observaciones y críticas por parte de especialistas en el tema y de los mismos pueblos indígenas.

Cronograma:

7-8 de enero, sede Chiclayo, con representantes de Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, Ancash y     Lambayeque.

12-13 de enero, sede Ucayali, con delegaciones de todo el departamento de Pucallpa.

16-17 de enero, sede Huancayo, con representantes de Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín, Ica y Lima provincias.

19-20 de enero, sede Iquitos, con representantes de todo el departamento de Loreto.

23-24 de enero, sede Cusco, con representantes de Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

27-28 de enero, sede Bagua, con representantes del departamento de Amazonas.

8-10 de febrero, sede Lima, Encuentro Nacional.

Gustavo Zambrano Chávez, titular del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), sostuvo que su entidad brindará apoyo para la ejecución de estos encuentros, de acuerdo con lo acordado en las reuniones sostenidas entre su despacho y las seis organizaciones indígenas que integran la Comisión Multisectorial.

lunes, 14 de noviembre de 2011

 El  GORESAM en deuda con el pueblo indígena de San Martín


El pasado 05 de octubre el presidente del Gobierno Regional Cesar Villanueva se comprometió en acto público a implementar una norma de alcance regional sobre de derecho a la consulta conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT en un plazo de 30 días, sin embargo a la fecha no se ha cumplido con tal compromiso. 


“Si bien, no existe una norma expresa que obligue al Gobierno Regional en emitir una propuesta de consulta en un plazo de 30 días, el acto del pasado 5 de octubre es un compromiso político del Gobierno Regional frente a los pueblos indígenas, y al mismo tiempo no deja de ser un mandato constitucional por tratarse del cumplimiento de un Tratado Internacional, que el Estado en todos sus niveles tiene la obligación de implementarlo” – refirió el abogado de CARE PERU, Rubén Ninahuanca. 


El abogado Carlos Ching Castañeda de la Asociación Paz y Esperanza señalo que; “el Gobierno Regional debe acoger el contenido esencial de la propuesta indígena presentada en Saposoa el 16 de setiembre”, agregó además que debe respetarse el “derecho al consentimiento cuando se trate de graves afectaciones  a la vida,  salud, cultura  y ambiente”; asimismo refirió que “los titulares  del derecho a la consulta son no sólo pueblos indígenas u originarios organizados como comunidades nativas o campesinas, sino también los pueblos organizados en caseríos, centros poblados y rondas campesinas.” 


Por su parte el vicepresidente de FEPIKRESAM,  Willian Guerra Sinarahua, agrego que “se debe armonizar el deber del Estado de proteger los bosques y la biodiversidad con el derecho del pueblo indígena a nuestros territorios ancestrales en  el Área de Conservación Regional Cordillera escalera”- refirió además que “el procedimiento de consulta debe ser ampliada y debatida en forma descentralizada en provincias y comunidades, con promotores indígenas conforme a su cultura”.

lunes, 24 de octubre de 2011

jueves, 13 de octubre de 2011

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DEL PROYECTO CORINA Y DEL PROYECTO MARAÑÓN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.

El saliente gobierno de Alan García consiguió lo imposible: unir a todos los loretanos, o a casi todos, en contra de la malhadada Ley 29760 y el Proyecto Corina. El proyecto Corina busca interconectar o trasvasar el río Marañón y el río Huallaga con la cuenca del río Santa, con fines de generación eléctrica, de ampliación de la frontera agrícola y el abastecimiento de agua: una locura con consecuencias imprevisibles.
 
Sin embargo, la notoriedad de este proyecto ha permitido que pase por desapercibido otro que, a mi juicio y de algunos otros, es mucho más peligroso que el proyecto Corina: el llamado Proyecto Marañón”. Lo denomino hijo del Proyecto Corina porque es mucho más reciente y de algún modo, complementa uno de los objetivos del proyecto Corina: la generación de energía eléctrica.

Efectivamente, el 26 de abril del presente año, el Presidente Alan García firmó el D. S. N° 020-2011-EM que declara “de interés nacional y social” la ejecución del Proyecto Marañón. Éste contempla la construcción de 20 represas y centrales hidroeléctricas a lo largo del curso del alto Marañón: Vizcarra (140 Mw), Llata 1 (210 Mw), Llata 2 (200 Mw), Puchca (140 Mw), Yanamayo (160 Mw), Pulpería (220 Mw), Rupac (300 Mw), San Pablo (390 Mw), Patas 1 (320 Mw) y Patas 2 (240 Mw), Chusgón (240 Mw), Bolívar (290 Mw), Balsas (350 Mw), Santa Rosa (340 Mw), Yangas (330 Mw), Pión (350 Mw), Cumba (410 Mw), Rentema (1,500 Mw), Escuprebraga (1,800 Mw) y Manseriche (4,500 Mw). Estas 20 centrales hidroeléctricas, unidas a la represa de Santo Cristo, del Proyecto Corina, afectarían a siete regiones: Loreto, Amazonas (quizá la más afectada luego de Loreto, porque las más grandes se asentarían en su territorio), Cajamarca, San Martín, La Libertad, Ancash y Huánuco. 

 El Perú produce y consume actualmente 4,500 Mw de energía eléctrica, a los que hay que sumar otros 1,600 actualmente en construcción. Las 20 centrales del proyecto Marañón producirían la friolera de 12,480 Mw, casi dos veces más. 

¿Está concebido este proyecto para beneficiar al Perú? 

Lo dudo mucho. El proyecto Marañón supera con creces las necesidades energéticas de Perú. Sólo la central en el Pongo de Manseriche produciría de 4,500 Mw, es decir, toda la energía eléctrica que produce actualmente Perú. El gran beneficiado de este megaproyecto sería el Brasil, y el gran perjudicado el Perú, y especialmente la Amazonía, debido a los enormes impactos.

 Si Brasil tiene muchos más ríos que Perú, y con buenas caídas de agua, ¿por qué necesitaría la hidroenergía peruana? 

La respuesta es muy fácil: cada vez encuentran más oposición en su propia sociedad a la construcción de represas en la Amazonía, por sus enormes impactos ambientales y sociales, y han vuelto sus ojos al Perú, donde consideran (equivocadamente) que habrá menos oposición. No hace falta ser muy suspicaces para vaticinar que Odebrecht, Electrobras, y otras empresas del vecino país se llevarán la gran tajada de los contratos de construcción.

¿Beneficiarían esas regalías eléctricas -6,600 millones de dólares por año, según García- a las comunidades afectadas por este desastre? 

No lo creo. Como antecedente miremos a las comunidades indígenas en cuyo territorio se ha extraído petróleo en la última generación por varias decenas de miles de millones de dólares, a ver en qué se han beneficiado…

 Según el citado D. S., la construcción de las centrales hidroeléctricas permitiría la producción de energía con fuentes renovables y con impactos mínimos o nulos sobre el medio ambiente, y la mejora de la calidad de vida de la población. Esto no es tan cierto. Para comenzar, la represa del Pongo de Manseriche, y las otras dos cercanas (la del Pongo de Rentema y la de Escuprebraga) inundarían una buena parte del actual territorio del pueblo Awajún y Wampís aguas arriba, incluyendo Santa María de Nieva, capital del distrito de Condorcanqui, y decenas de comunidades en el mismo Marañón y en el bajo Cenepa, el bajo Santiago y el bajo Nieva. 

¿Permitirán esto los pueblos?
 
Sinceramente, lo dudo mucho; los decretos legislativos que provocaron la protesta de Bagua no son nada comparados con esto.

 Impacto ambiental

La energía hidroeléctrica no es tan limpia y renovable como se dice. Claro que es más limpia que la termoeléctrica (que quema combustibles fósiles, liberando enormes cantidades de CO2 a la atmósfera, además de otros gases tóxicos), pero las represas también generan gases efecto invernadero: la vegetación cubierta por las aguas, y la materia orgánica arrastrada por los ríos y depositada en el fondo de las represas, generan enormes cantidades de gas metano (que es 21 veces más culpable del “efecto invernadero” que el CO2). Y en cuanto a lo de renovable: está demostrado que las centrales hidroeléctricas construidas represando ríos con gran arrastre de sedimentos, como es el caso del Marañón, tienen una vida útil limitada, porque los embases se colmatan rápidamente, y los sedimentos también generan problemas en las turbinas. Un ejemplo es la famosa represa de las Tres Gargantas, en China, que está provocando una catástrofe ambiental y social, y tiene graves problemas con los sedimentos arrastrados por el gran Río Amarillo.

 Otro tema es el de los impactos aguas abajo de las represas: 

1.      el primer impacto sería que se alteraría drásticamente el régimen hídrico, el “pulso del agua” de crecientes y vaciantes que define la vida y la productividad en los ecosistemas estacionalmente inundables en la cuenca media y baja del Marañón, incluyendo la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Los peces y otros organismos acuáticos o vinculados al agua necesitan de las crecientes para reproducirse, mientras que la vegetación de los bosques inundables se nutre de sus sedimentos y aprovecha la creciente para florecer, fructificar y dispersar sus semillas. Muchas especies de peces, los quelonios acuáticos y otros animales se alimentan principalmente en los ecosistemas inundados. Los primeros en desaparecer serían los peces migradores, especialmente los grandes zúngaros, que desovan en las cabeceras del río, pero también los peces de escama que “mijanean” durante la creciente para reproducirse (boquichico, ractacara, yambina, yulilla, yaraquí, yahuarachi, sábalo, lisa, palometa, paco, gamitana…) y que son los que más consume la población. Y hay que tener en cuenta que el pescado representa alrededor del 80% de la ingesta de proteína de origen animal de la población ribereña.

2.      Por otro lado, la mayor parte de los sedimentos arrastrados por el Marañón desde los Andes quedaría atrapada en las represas, con lo que este río se convertiría en uno de aguas claras, pobre en nutrientes, y colapsaría la producción agrícola y la economía de las comunidades ribereñas aguas abajo: estos sedimentos, depositados anualmente durante la creciente, son los que hacen posible la agricultura en las riberas del río (los barriales y restingas bajas es donde se produce la mayor parte del arroz, maíz, plátano, frijol, chiclayo, etc. de la región).

3.      Otro de los riesgos es que los impactos alcanzarían a las actividades productivas, forestales, de transporte de carga y pasajeros y al ecoturismo, lo que  podría ocasionar alteraciones socioambientales

 ¿Hay alternativas? ¿Se puede generar energía hidroeléctrica sin grandes represas y sin grandes impactos?
 
Claro que sí; existen las hidroeléctricas por derivación del cauce de los ríos con gran pendiente –sin represas o con minirepresas), y las turbinas sobre plataformas flotantes amarradas a la ribera, que aprovechando el gran caudal y fuerte corriente del Marañón podrían generar toda la energía que necesita el Perú y mucha más, verde y barata (US$ 15/Kw). Se estima en 450.000 dólares la inversión para cada megavatio, la mitad del costo de las centrales termoeléctricas y un tercio del de las hidroeléctricas o energía eólica.

Si la inversión tan solo de uno de los proyectos como el del proyecto Corina es de aproximadamente 5 mil millones de dólares para el trasvase de agua de los ríos Marañón y Huallaga a la costa con fines agrícolas, este dinero puede usarse para el cambio de tecnología de riego, para el tratamiento de aguas servidas para su reúso y represamiento de los ríos de la costa “El potencial hidroenergético existente en Amazonas y San Martín es de 10,000 MW, que sobrepasan largamente la demanda nacional sin necesidad de transvasar”.(José Álvarez Alonso)